Bruno Cartosio.
Imagen: Archivo.
28 de junio 2023.
…los grandes beneficios acumulados por las empresas hasta la fecha y el hecho de que no se haya constatado que ningún trabajador gig se haya enriquecido o escalado socialmente gracias al trabajo precario-intermitente-conectado. Y borrando cualquier posible duda sobre el cui prodest, está la contundencia con la que las empresas se han opuesto hasta ahora a cualquier intento de reclasificar a una parte de los gig workers como asalariados en lugar de autónomos.
En el trabajo por encargo confluyen dos flexibilidades: la del individuo y la del sistema económico. En abstracto, debería ser el feliz encuentro de intereses convergentes: dinero ganado, por un lado, rendimiento obtenido por otro. Sin sobresaltos; la tarea solicitada y aceptada, pagada y recibida la remuneración acordada, cada uno dueño de sí mismo como antes. En realidad, las cosas no son así, ni con respecto a los trabajadores, ni a las empresas, ni desde el punto de vista de las leyes que clasifican y regulan las relaciones laborales. La única excepción parcial, también desde el punto de vista del poder de negociación, son los verdaderos trabajadores por cuenta propia: autónomos o freelance, mejor aún profesionales.
No cabe duda de que son las empresas-plataforma las que más se benefician del encuentro entre la precariedad del trabajo ofertado y la disposición de los trabajadores a aceptarlo, entre la baja remuneración percibida por los trabajadores y los menores costes laborales para las empresas. Testigo de ello son los grandes beneficios acumulados por las empresas hasta la fecha y el hecho de que no se haya constatado que ningún trabajador gig se haya enriquecido o escalado socialmente gracias al trabajo precario-intermitente-conectado. Y borrando cualquier posible duda sobre el cui prodest, está la contundencia con la que las empresas se han opuesto hasta ahora a cualquier intento de reclasificar a una parte de los gig workers como asalariados en lugar de autónomos.
Sin embargo, las encuestas dicen que el nuevo precariado «conectado» cuenta con el favor de la mayoría de los trabajadores que lo practican. Es posible: el atractivo individualista de la flexibilidad, la capacidad de elección y la reducción de las limitaciones jerárquicas es fuerte. Sin embargo, otras investigaciones equiparan más o menos las opiniones a favor y en contra[i].
En cualquier caso, quienes tienen pocas o ninguna alternativa se complacen, por así decirlo, en lo que encuentran, quizá mientras buscan algo mejor, como ocurrió en la Gran Dimisión. Los gig workers trabajan sin estabilidad laboral en el presente y tal vez sin buscarla en otra parte, casi siempre sin el salario y los beneficios de los asalariados y aceptando los empleos que encuentran con una dosis de (¿juvenil?) desprecio por su propio futuro. Sólo para reaccionar, sin embargo, ante la frustración de sus propias expectativas cuando se dan cuenta, antes o después, de que los salarios son más bajos de lo esperado e insuficientes para vivir; de que su libertad desaparece cuando la pobreza de los salarios les obliga a compromisos repetidos sin apenas descanso; de que los gastos que tienen que pagar recortan sus salarios; de que si tienen un accidente o una enfermedad se encuentran sin cobertura y sin ingresos; de que los ingresos reales que perciben son muy bajos mientras que los beneficios de las plataformas para las que trabajan son muy altos…Es entonces cuando las respuestas al descontento pueden dejar de ser individuales, para convertirse en colectivas, solidarias y reivindicativas hacia las plataformas. Y es en ese punto donde chocan las subjetividades de los trabajadores, los intereses de las empresas y las obligaciones regulatorias de los legisladores, como veremos.
El único de los tres componentes que se comporta de forma inequívoca es el empresarial, mientras que las respuestas de los trabajadores a la rigidez de las plataformas no lo son. En cuanto a los que siguen considerándose autónomos, hay minorías cada vez más numerosas que apuntan a iniciativas organizativas de base para dar fuerza colectiva tanto a las «simples» reivindicaciones de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, como para presionar -quizá de acuerdo con los sindicatos- para que se decida legislativamente que lo suyo es un trabajo por cuenta ajena y no por cuenta propia. Entre los conductores, el componente más numeroso e inquieto, muchos temen volver a caer en la condición del antiguo trabajo precario subordinado y regulado del que pretendían liberarse. Por eso defienden ante todo su autonomía, aunque también han aumentado entre ellos los partidarios de asociarse para tener mejores condiciones salariales y laborales. Otros ven deseable y necesario clasificarse como asalariados, para poder dotarse de una organización de tipo más propiamente sindical que obtenga para ellos las prerrogativas no sólo salariales que la ley garantiza a los asalariados.
Prerrogativas ignoradas por las empresas-plataformas. Sus prácticas constituyeron desde el principio una serie de «desafíos conceptuales y prácticos a las leyes y las políticas públicas». En el «centro de estos desafíos legales suyos» estaban: la cuestión de si las plataformas pertenecen a un sector empresarial (comunicación) o a otro (comercio), la naturaleza inusual y peculiar del gig work (precario en todos los casos; ¿pero autónomo o subordinado?), y por tanto la relación con la legislación laboral vigente (en particular la National Labor Relations Act, Nlra, que estipula que los trabajadores autónomos no pueden formar sindicatos ni acceder a formas de negociación colectiva)[ii] Como ocurrió con otras Big Tech, en los primeros años de este siglo, la innovación de las plataformas ha sido tan repentina y sin escrúpulos que ha dejado atrás la capacidad de la ley para regularla.
En general y en el ámbito de las relaciones laborales[iii]. Y de la lentitud o ausencia legislativa han sacado los capitalistas de las plataformas los enormes beneficios económicos de los que se han mostrado poco dispuestos a retroceder. En los últimos años, las crónicas locales se han visto salpicadas por protestas en su contra, que en algunos casos -como en Nueva York- han arrancado acuerdos y concesiones y en otros han desembocado en paros o huelgas de ámbito nacional. Fue el caso, por ejemplo, de la primera huelga general de conductores californianos de Uber y Lyft, que bloquearon el servicio en Los Ángeles, San Diego y San Francisco el 25 de marzo de 2019, a la que siguió un paro similar que paralizó todos los servicios en al menos veinticinco ciudades de Estados Unidos el 8 de mayo siguiente (con paros solidarios también fuera de América).
Tomemos California, el estado-madre de las empresas que aterrorizaron el campo, para ejemplificar las formas en que los «desafíos legales» han sido abordados por los trabajadores y los políticos. Resumiré aquí, y simplificaré, el asunto jurídico-político californiano y nacional. Las protestas y la iniciativa legislativa destinadas a desentrañar la cuestión jurídicamente decisiva de la clasificación de los gig workers fructificaron en julio de 2019 con la aprobación de la Assembly Bill 5 (Ab5). En apoyo de la nueva ley deseada por la mayoría demócrata, el 9 de julio de 2019 tuvo lugar una gran manifestación frente a la Asamblea Legislativa en Sacramento, la capital del estado. Sindicatos nacionales como los Empleados de Servicios (Seiu), los Teamsters (Ibt) y los Trabajadores de la Comunicación (Cwu), así como algunas de las organizaciones de base, se alinearon para ello. Y los conductores de Gig Workers Rising, una organización de conductores nacida en 2018, y Rideshare Drivers United, nacida en el mismo 2019, protagonizaron una sonada caravana que cruzó todo el estado desde Los Ángeles hasta Sacramento en tres días.
La Ab5 entró en vigor el 1 de enero de 2020, estableciendo los criterios (resumidos en tres puntos esenciales conocidos como «Test Abc») según los cuales se clasificará la relación de autonomía real o dependencia del prestador. Según la ley, la mayoría de los «gig workers» -conductores de guardia y mensajeros- debían clasificarse como asalariados, es decir, trabajadores con derecho a todas las garantías de quienes tienen un empleo regular: salario mínimo, prestaciones por desempleo, seguro de enfermedad y accidentes, baja por maternidad y enfermedad, reembolso de gastos, etc.[iv].
Una parte de los conductores, categorías como periodistas, fotógrafos y escritores, y sobre todo los camioneros (que de hecho obtuvieron una exención) se mantuvieron en contra de la ley, quizá incluso empujados a ello por las mejoras ofrecidas por las plataformas para desmontar las reivindicaciones. Pero contra la ley como tal, la reacción de las plataformas fue inmediata y total, demostrando la conveniencia económica y la importancia estratégica que tiene para ellas mantener el gig work tal y como estaba. Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y Postmates montaron una campaña extremadamente agresiva contra Ab5. Invirtieron más de 224 millones de dólares -una suma sin precedentes para perseguir los objetivos de un referéndum estatal- en cabildeo y propaganda para lanzar y apoyar su propia Propuesta de derogación 22 (Prop 22), en forma de referéndum que se votaría en las elecciones de noviembre de 2020.
Contra la Proposición 22, se formó una coalición que desembocó en una nueva manifestación justo antes de las elecciones (la misma en la que Trump fue derrotado por Biden), en la que participaron trabajadores gigas organizados y sindicatos, y con la que simpatizaron grupos dispersos de empresas Big Tech «no organizadas» de Silicon Valley. El resultado del referéndum popular fue negativo para los trabajadores[v] Sin embargo, el lado positivo de la movilización contra la Proposición 22 fue que la labor de información, denuncia y proselitismo de las organizaciones de base existentes dio lugar a otras iniciativas más pequeñas en el propio Silicon Valley y consolidó las relaciones con algunos de los sindicatos más grandes, como es el caso de la Mobile Workers Alliance, adherida al Seiu Local 721 de Los Ángeles. Hoy en día, en California, donde Uber y Lyft se han diversificado desde sus iniciales «taxis a la carta» y cuentan quizá con medio millón de trabajadores gig, grupos de conductores organizados con decenas de miles de miembros han arrancado concesiones y beneficios a las plataformas[vi].
A pesar de la mayoría demócrata y de la victoria de Biden en el estado, el 59% de los votantes californianos aprobaron la Proposición 22, anulando la Ab5 y volviendo a la clasificación de todos los trabajadores gig como contratistas autónomos con contratos privados (a los que no se aplican las normas que protegen a los empleados). El académico Robert Reich, ex ministro de Trabajo de Bill Clinton, también se pronunció en su momento sobre el peligro de ese éxito, subrayando su importancia como posible precedente negativo a nivel nacional: «La Proposición 22 es genial para los empresarios y una gran pérdida para los trabajadores. Animará a otras empresas a reclasificar su mano de obra, y una vez que lo hagan, más de un siglo de protecciones laborales desaparecerán de repente»[vii]
Por este motivo, Seiu y las organizaciones de conductores demandaron al estado de California, argumentando que la Proposición 22 es inconstitucional. En 2021, el Tribunal Superior del Estado les dio la razón: los trabajadores. Pero la cosa no había terminado. Las plataformas recurrieron a su vez y, el 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia y les dio la razón: autónomos. (A finales de marzo, Seiu aún no había presentado el nuevo recurso que prometió).
El despliegue de los republicanos californianos a favor de la Proposición 22 coincidió con la política del Partido Republicano a nivel nacional. El mismo ominoso 6 de enero de 2021 en el que los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio -pocos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente-, la Administración saliente publicó su normativa sobre contratos de autónomos, que modificaba los criterios de la Fair Labor Standard Act (Flsa) bajo los que se realizan las clasificaciones laborales en favor de los emprendedores. Pero antes de su entrada en vigor, prevista para marzo de 2021, la llamada «regla Trump» fue suspendida y luego anulada por la Administración Biden. De nuevo, la reacción conjunta de políticos republicanos y corporaciones fue inmediata y vehemente. Las corporaciones, que formaron la Coalición para la Innovación de la Mano de Obra, demandaron al ministro de Trabajo, Marty Walsh, ante un tribunal federal de Texas por irregularidades de procedimiento en la acción de derogación de su ministerio. Ganaron el caso, y la normativa trumpiana entró en vigor. Y mientras el proceso judicial continuaba en California, el ministro Walsh, ex alcalde de Boston y ex sindicalista, trabajaba en la nueva normativa, que finalmente se publicó en octubre de 2022 y entró en vigor en diciembre en lugar de la trumpiana.
En esencia, el Ministerio de Trabajo estipula que quienes sean «económicamente dependientes» de la actividad a la que se dedican -es decir: hacen gig work para ganarse la vida, no para complementar otros ingresos- deben ser considerados empleados a todos los efectos y gozar de todas las prerrogativas definidas por las leyes laborales (Nlra y Flsa).[viii] En resumen, puede decirse que la nueva reglamentación federal retomó los criterios de Ab5 y dificultó que una gran parte de los «gig workers» pasasen por autónomos, pero la sentencia californiana que llegaría tres meses después iba en sentido contrario. La cuestión sigue abierta.
Mientras tanto, la conciencia de los trabajadores sobre el problema crecía y, en consonancia con la pandemia, las reivindicaciones, movilizaciones y huelgas contra las corporaciones tomaron forma en casi todas partes. Los conductores fueron los más emprendedores a la hora de organizarse en formas de solidaridad de autodefensa, intercambio de información e iniciativas de presión política (grupos de defensa). Los medios de comunicación, no sólo los cercanos al mundo laboral, recogían los testimonios de trabajadores que habían experimentado la distancia entre las promesas de las plataformas y la realidad, mucho menos remuneradora y gratificante. Y las organizaciones de conductores se multiplicaban, aunque casi sólo las activas en las grandes ciudades aparecían en las noticias.
Además de las ya mencionadas Rideshare Drivers United, Gig Workers Rising y Mobile Workers Alliance, entre las más conocidas estaban y están las californianas We Drive Progress, Gig Workers Collective y ahora la California Gig Workers Union formada en octubre de 2022. También han surgido estructuras de enlace y asesoramiento de conductores para apoyar actividades organizativas-revindicativas, como la Driver’s Seat Cooperative, formada en 2019 y activa en Los Ángeles, Denver y Portland (Oregón). En cambio, en Nueva York están la Alianza de Trabajadores del Taxi, (parte de la Coalición Directa, que reclama la adopción del Test Abc californiano en el estado de Nueva York) y la Cooperativa de Conductores, puesta en marcha en mayo de 2021 por 2.500 conductores que comparten información, redistribuyen el trabajo de forma equitativa y tienen su propia app, para ofrecer servicios más remunerativos a los socios. El caso de la Drivers Coop es interesante.
Está conectada con el Gremio de Conductores Independientes (Idg), creado en 2016 mediante acuerdos económicos y «políticos» entre Uber y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (Iam, a la que está afiliado el Idg), y representa a 80.000 conductores en la ciudad de Nueva York y a otros 250.000 en el propio estado de Nueva York y en Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts e Illinois. Entre sus éxitos, el Idg presume de haber obligado a la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York a subir un 9% el salario mínimo de los conductores y, como afirma con orgullo en su sitio web, «es la principal organización de conductores del país por lo que ha conseguido mediante la acción directa y consultiva»; «Somos trabajadores de Uber y Lyft unidos por un trabajo justo. […] Nos impulsan los conductores y nos sostienen los conductores»[ix].
En conclusión. El conflicto desplegado por las organizaciones de conductores en California se desarrolló de forma autónoma y en ocasiones estuvo flanqueado por los sindicatos y los primeros pasos de las acciones de protesta -diferentes en tamaño y motivaciones (tampoco en lo relativo a las relaciones laborales)- que tuvieron lugar en las grandes empresas Big Tech o en sus alrededores, desde Amazon a Google, pasando por Apple y Microsoft. Los protagonistas de estas acciones fueron los últimos en descender al terreno del conflicto económico-social: fueron los últimos en llegar con respecto a las figuras profesionales y gremiales del pasado industrial, pero sobre todo fueron diferentes tanto por el terreno en el que se expresa su combatividad y los poderes contra los que se dirige, como por las formas asociativas y los instrumentos organizativos a los que recurren.
Es superfluo recordar la necesaria función que, entre ellos, tienen la Red y los medios sociales. En la novedad de las formas de comunicación y en las propias ambigüedades de clasificación del trabajo por encargo -y en la juventud común- está la posibilidad de eludir las divisiones corporativas. Caminos tan distintos a los del pasado sindical tradicional, que están contribuyendo a redefinir criterios y contenidos, cuando no los propios principios, del asociacionismo y la organización. «No todos los nuevos sindicatos de Filadelfia son sindicatos en el sentido tradicional de la palabra», escribió David Murrell al relatar la reciente historia de los pequeños Philly Workers for Dignity y de la Pennsylvania Domestic Workers Alliance, el sindicato de trabajadoras domésticas a las que siempre se había prohibido organizarse[x].
En los últimos años, los telediarios han hablado mucho de las luchas – «impensables», como las de los conserjes de Los Ángeles o los trabajadores de la cocina de Las Vegas…- de los autónomos ficticios del comercio: primero las «Luchas por 15 dólares», que florecieron en los locales de McDonald’s y se vieron coronadas por éxitos rotundos en muchas ciudades y algunos Estados; ahora las de Starbucks, donde los baristas de cientos de cafeterías se organizan para introducir la sindicación y la negociación colectiva. Por último, también están surgiendo mutaciones y solidaridades de otras organizaciones en las que se reconocen juntos el autónomo ficticio y el real, asociaciones de autodefensa colectiva, solidarias y no sólo limitadas a los servicios precarios. El modelo más sólido entre ellas es el Sindicato de Autónomos (Fu), fundado en 1995 como Working Today en Nueva York, por iniciativa de la abogada laboralista y antigua sindicalista de Seiu Sara Horowitz y que cuenta ya con más de medio millón de afiliados en todo el país.
Como consecuencia de la legislación que impide a los trabajadores autónomos organizarse en sindicatos -y a pesar de la etiqueta: Sindicato-, los Autónomos son una asociación no sindical que organiza a los trabajadores autónomos de todas las profesiones según los principios del mutualismo y ofrece a sus miembros información, asesoramiento jurídico, asistencia fiscal y planes de seguros. Pero eso no es todo. Aunque Fu no puede practicar formalmente ni la negociación colectiva ni la acción política directa, promueve activamente las reivindicaciones económicas de los autónomos y la iniciativa política en el terreno legislativo. Por ejemplo, en 2016 había desempeñado el papel de intermediario y asesor en la mencionada consecución de los acuerdos de Nueva York entre Uber e Iam y en la formación del Gremio de Conductores Independientes, y en los recientes meses de pandemia, ayudó a conseguir la extensión a los autónomos de las prestaciones de desempleo de emergencia instituidas por Trump y Biden.
Pero quizá sea aún más interesante la iniciativa política, empezando por la agitación que en 2017 había hecho ganar a Fu y al aliado Sindicato Nacional de Escritores (Nwu) la aprobación en Nueva York de la Ley Freelance Isn’t Free para proteger el cumplimiento de los contratos y el pago puntual de las prestaciones de los autónomos. Ante todo, ese éxito puso en marcha una cadena de reivindicaciones que desde entonces se ha extendido a otros lugares, hasta Los Ángeles. Pero también amplió el frente de alianzas.
Las disposiciones adoptadas años antes por la ciudad de Nueva York se presentaron como proyecto de ley en el mismo parlamento estatal y fueron aprobadas por ambas cámaras en 2022, pero fueron vetadas por la gobernadora Kathy Hochul a principios de 2023. El proyecto de ley se volvió a presentar inmediatamente (a través de diputados del mismo Partido Demócrata que la Gobernadora). Este también es un asunto que sigue sin resolverse. Pero como ilustración final de la riqueza de los fermentos que caracterizan en particular la escena neoyorquina, se puede al menos nombrar a las principales fuerzas presentes junto a Fu y Nwu en las coaliciones activas en la acción reivindicativa y de apoyo a la iniciativa legislativa para adoptar el Abc Test californiano (y la Pro Act de Biden)[xi]
La lista ha sido facilitada por el Freelance Solidarity Project. Merece la pena mencionarla como testimonio de su carácter inclusivo: American Photographic Artists, American Society of Media Photographers, Authors’ Guild, Graphic Artists Guild, National Association of Science Writers, National Press Photographers Association, Science Fiction and Fantasy Writers of America; y por último, junto a estos: la Seiu y los Teamsters y otras organizaciones bajo la coalición compuesta New York Direct Coalition – el nombre es un acrónimo de: Do It Right Employment Classification Test Coalition- que se describe a sí misma como una «agrupación de trabajadores, consumidores, activistas y abogados que luchan por la aprobación de una Ley de Juego Limpio en el Empleo en el Estado de Nueva York» e incluye, entre sus organizaciones miembro, a miembros de la 32BJ y Make the Road New York (afiliadas a la Seiu), New York Taxi Workers Alliance, Workers United, National Employment Law Project, National Domestic Workers Alliance, Nail Salon Workers Association y Legal Aid Society.
Traducción nuestra.
*Bruno Cartosio (1943) enseña Historia de Norteamérica en la Universidad de Bérgamo. Durante muchos años se ha ocupado de la historia social y cultural de Estados Unidos. Fundó y dirigió «Ácoma. Revista Internacional de Estudios Norteamericanos». Entre sus libros figuran: Anni inquieti. Sociedad, medios de comunicación, ideologías en Estados Unidos de Truman a Kennedy (1992), El otoño de Estados Unidos (1998), De Nueva York a Santa Fe (1999), Campesinos y obreros en revuelta (2003), Más temidos que amados. Estados Unidos en el Nuevo Siglo (2005), Estados Unidos Contemporáneos. De la Guerra Civil a nuestros días (2010). Con Feltrinelli publicó Nueva York y lo Moderno. Sociedad, arte y arquitectura en la metrópoli estadounidense (1876-1917) (2007) y I lunghi anni sessanta. Movimientos sociales y cultura política en Estados Unidos (2012).
Puede leer otra contribución del autor sobre el tema en italiano: Gig El trabajo de entre el pasado y el futuro
Notas
[i] Aspen institute, «The Future of Work Initiative», Toward a New Capitalism, 2016, pp. 16-17; en: New_Capitalism_Narrative.pdf
[ii] O. Lobel, «The Gig Economy & the Future of Employment and Labor Law», Universidad de San Diego, Facultad de Derecho, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper n.º 16-223, marzo de 2016, p. 2.; en: http://ssrn.com/abstract = 514132.
[iii] S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Luiss University Press, Roma 2019, p. 115. En palabras de uno de los ejecutivos de Google citadas por Zuboff en Ibídem: «La alta tecnología va tres veces más rápido que un negocio común. Y los gobiernos van tres veces más despacio que un negocio común. Como resultado, la brecha asciende a nueve veces […] Por eso hay que asegurarse de que el gobierno no se interponga en el camino ralentizando las cosas».
[iv] J. Bhuiyan, ‘Uber and Lyft drivers swarm Sacramento as lawmakers advance gig workers’ rights bill’, en Los Angeles Times, 10 de julio de 2019; en: Uber and Lyft drivers swarm Sacramento as lawmakers advance gig workers’ rights bill – Los Angeles Times (latimes.com); M. Pawel, ‘You Call It the Gig Economy. California lo llama ‘feudalismo'», en New York Times, 12 de septiembre de 2019; E. Rosenberg, ‘¿Puede California frenar las plataformas gig de la tecnología? A primer on the bold state law that will try’, en Washington Post, 14 de enero de 2020.
[v] Tras su éxito californiano, las mismas empresas hicieron un intento similar en Massachusetts, pero su propuesta de referéndum no fue admitida en las papeletas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2022. H. Chitkara y A. Kramer, «The fight over gig work is ugly, expensive, and nowhere over», en Protocolo, 4 de febrero de 2022; en: Uber y Lyft aportan millones a la Proposición 22 en Massachusetts – Protocolo; K. Browning, «Massachusetts Court Throws Out Gig Worker Ballot Measure», en New York Times, 14 de junio de 2022; en: Massachusetts Court Throws Out Gig Worker Ballot Measure – The New York Times (nytimes.com). Otras iniciativas empresariales se han puesto en marcha en otros estados, como Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
[vi] S. Kessler, «Google Engineers, Uber Drivers, and the Voices of a New Tech Labor Revolution», en OneZero, 24 de febrero de 2020; en: Google, Lyft, and Uber: Voices of the Tech Worker Revolution | OneZero (medium.com).
[vii] Z. McNeill, ‘«A Huge Loss for Workers»: CA Court Rules that Gig Workers Are Contractors’, en Truthout, 17 de marzo de 2023,
[viii] S. Zhang, «Biden Officials Propose Reclassifying Uber, Lyft Gig Workers as Employees», en Truthout, 11 de octubre de 2022; «Labor Department Moves to Change Worker Classification Rule», en Bloomberg, 11 de octubre de 2022; en: Labor Department Moves to Change Worker Classification Rule (3) (bloomberglaw.com); G. Thompson, «How Millions of Gig Workers Could be Impacted by a New Labor Rule», en Capital and Main, 9 de noviembre de 2022; en: How Millions of Gig Workers Could Be Impacted by a New Labor Rule (capitalandmain.com); K. Weisz y D. Boyle, ‘Why independent contractor classification is essential’, 20 de diciembre de 2022; en: DOL Proposed Rule & Worker classification | Deloitte US.
[ix] Aa.Vv., U.S. Workers’ Organising Efforts and Collective Actions, cit., p. 41.
[x] D. Murrell, «Philly’s New Generation of Unions is Young, Progressive, and Coming to a Coffee Shop Near You», en Philadelphia Magazine, 17 de octubre de 2020; en: Inside the New Generation of Philadelphia Unions (phillymag.com).
[xi] El apoyo general a The PRO Act, la ley que el propio Biden quería a favor de la organización sindical en el lugar de trabajo, no está exento de reservas por parte del Sindicato de Autónomos, lo que demuestra la independencia política de la asociación a pesar de sus buenas relaciones con los legisladores demócratas del estado de Nueva York. Como grupo de presión, Fu pide enérgicamente que se introduzcan enmiendas para proteger también a los autónomos en el proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Representantes pero no por el Senado; Freelancers Union, The PRO Act and Facts about the PRO Act, abril de 2021; en: The PRO Act (freelancersunion.org).
Fuente original: Sinistrainrete
observatoriodetrabajadores.wordpress.com 