GUSTAVO PETRO, Colombia Humana y la activación del lawfare en Colombia. Javier Calderón Castillo.

Javier Calderón Castillo.

09 de noviembre 2018.

Después de un proceso electoral en el que el progresismo representó por primera vez en muchos años una opción política con un potencial electoral robusto y capaz de superar a las elites tradicionales, la guerra jurídica para sacar del camino al principal oponente de las elites, Gustavo Petro, vuelve a la carga.

El senador Petro, líder de la Colombia Humana, que cosechó más de 8 millones de votos en las pasadas elecciones, se ha convertido en la principal piedra en el zapato para las elites políticas tradicionales. Desde su curul en el senado, es el liderazgo más visible de la oposición y ha adquirido relevancia en el marco de las protestas estudiantiles; se ha posicionado como principal oponente al aumento del IVA en la canasta familia –que trae consigo la Reforma Tributaria de Duque–; ha alzado su voz crítica contra los proyectos de transporte de la actual Alcaldía de Bogotá, haciendo énfasis en la responsabilidad de las empresas de las que dependen los proyectos; y sigue instando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y sindicatos a la participación en marchas, protestas y demandas colectivas [i], en contra de las más recientes decisiones de la administración del presidente Duque.

Gustavo Petro mantiene la capacidad de movilizar a una amplia mayoría ciudadana y esto, tal y como pasó cuando fue alcalde de Bogotá, sigue generando muchas incomodidades a las elites que han detentado tradicionalmente el poder. La guerra jurídica en contra de Petro no es nueva: ya en diciembre de 2013 el exprocurador, Alejandro Ordóñez, –destituido por corrupción [ii]– en su calidad de juez de los funcionarios públicos destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro, estando ejerciendo como alcalde de la principal ciudad del país.

La decisión del entonces procurador se produjo luego de una investigación por transgredir la “libertad de empresa” que supuestamente vulneró los derechos de los prestadores privados del servicio de aseo, luego de que Petro definiera un nuevo esquema de recolección de basuras de carácter público. La quita del negocio a los privados fue catalogada como una improvisación que generó “caos” y una vulneración al derecho de empresa, puesto que en la transición de los dos modelos se generaron impases de gran magnitud para la recolección de basuras en la ciudad. En abril de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá consideró la decisión sin fundamentos y exagerada, por lo que ordenó al entonces presidente Juan Manuel Santos su restitución [iii] y, finalmente, en noviembre de 2017, el Consejo de Estado revocó la decisión de la Procuraduría por considerar que no había utilizado criterios técnicos para tomar la decisión de destitución. Desde el comienzo de la destitución burocrática la ciudadanía comenzó una amplia movilización que se extendió de la Plaza de Bolívar a las principales calles del centro de Bogotá durante varios días [iv].

En la actualidad la persecución continúa, primero, con la negación de la personería jurídica del movimiento Colombia Humana, por parte de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado agosto, después de que Petro asumiera su curul de senador. A corto plazo esta decisión tiene dos consecuencias: el movimiento no tendrá los derechos que les son otorgados a los partidos que se declaran en oposición al Gobierno, entre ellos la financiación adicional para realizar el ejercicio de oposición o el derecho a réplica al Gobierno Nacional. Pero el efecto más grave es a mediano plazo de cara a las elecciones regionales de 2019, en las que el movimiento no podría presentar candidatos a las elecciones, lo que dificultaría las posibilidades de tener presentación en los concejos municipales, Alcaldías y Gobernaciones [v].

Además, la más reciente decisión de la Corte Constitucional tiene importantes implicaciones para el senador, porque ratificó que las sanciones administrativas pueden ser impedimento para que las personas elegidas por voto popular se posesionen en sus cargos. Esto no sería un impedimento para su continuidad si su andadura en política no le hubiese supuesto la apertura de varios procesos en su contra por parte de la Contraloría Distrital. Juan Carlos Granados el actual contralor distrital –ficha clave de Germán Vargas Lleras e imputado por la Fiscalía por sus relaciones con Odebrecht [vi]– tiene en sus manos la resolución de varias de las sanciones en curso, entre otras:

Una sanción de 217.204 millones de pesos (80 millones de dólares aprox.) a Petro y a otros 4 funcionarios de su administración por “detrimento patrimonial” derivado de una decisión política del entonces alcalde sobre la reducción de la tarifa que impactó los ingresos del Sistema Integrado de Transporte Público.
Una sanción de 40.545 millones de pesos (13 millones de dólares aprox.) por la compra de vehículos barredoras destinados a la prestación del servicio de aseo que no habrían sido usados.
Un proceso de responsabilidad fiscal contra Petro y 14 funcionarios más de su Alcaldía por 279 millones de dólares (alrededor de 900.000 millones de pesos). Debido a la venta y recompra del 31% de acciones de propiedad de la alcaldía en la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Se investiga un posible detrimento porque el precio de recompra fue supuestamente mucho mayor al de venta [vii].
Multa de la Superintendencia de Industria y Comercio por haber “violado la libre competencia” en la implementación del esquema de basuras de la Bogotá Humana. Son 91.949 millones de pesos por la “inexistencia de acciones o medidas correctivas”[viii].

**Estrategias de lawfare contra Gustavo Petro**

El lawfare se convirtió en un concepto acertado para explicar el uso indebido de los instrumentos jurídicos de los Estados para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político [ix]. Muy utilizado en Colombia, desde los años del uribismo (2002-2010) en contra de todos aquellos que osaron oponerse al unanimismo que pretendió instalarse en el país, mucho más si se tiene en cuenta el persistente intento del expresidente Uribe por controlar las altas cortes con magistrados de su entorno político, así como otras instancias de control con alcances judiciales como la Procuraduría General de la Nación, que estuvo a cargo del ultraconservador Alejandro Ordoñez desde 2009 hasta el 2016.

Desde ese cargo, Ordoñez se dedicó a perseguir a todos los políticos considerados por él como opositores. Por sus manos pasaron las destituciones de la exsenadora del partido Liberal Piedad Córdoba y la persecución de los senadores del Polo Democrático como: Gloria Ramírez, Jorge Robledo, Iván Cepeda, que finalmente no fueron condenados por el cambio del timing político (el inicio del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos) y la acción de entidades internacionales que vigilaron esos montajes judiciales. Aunque sí sufrieron la condena mediática y el señalamiento a priori como culpables de lazos con la insurgencia.

Esos antecedentes dan un contexto a la persecución en contra de Gustavo Petro, quien en 2012 asume como Alcalde Mayor de Bogotá después de derrotar en las urnas a Enrique Peñalosa, y a Gina Parody candidata del santismo. De inmediato su administración empieza a ser atacada en distintos planos, en especial, por algunos medios de comunicación ligados a intereses corporativos de sus competidores, y por sectores del poder como la procuraduría. Alejandro Ordoñez, quien presidía la entidad, llega a decir meses después de la acción destituyente contra Petro que fue sancionado por “ser mal alcalde”[x]. Una confesión de parte, si se tiene en cuenta que las entidades de control no son las encargadas de valorar la gestión de los funcionados elegidos por voto popular, sino de velar por el funcionamiento de las instituciones.

Uno de los elementos constitutivos para determinar la existencia del Lawfare, es el timingpolítico con el que se desarrolla la acción judicial, que en el caso de la destitución de Petro de la Alcaldía en 2014, significaba una estocada a la continuidad del progresismo en el gobierno de la ciudad (que mantenían desde el 2001), y a la vez una jugada preventiva contra la posible candidatura presidencial en el 2018, pues tal y como ocurrió, Petro era el candidato más competitivo de sectores de centro y del progresismo.

Aunque el Consejo de Estado exculpó a Petro y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expidió en contra de la destitución del entonces alcalde, ante buena parte de la ciudadanía quedó como culpable del “desastre de las basuras” y el relato de mal gobierno quedó justificado con la sentencia. En ese terreno, los medios de comunicación jugaron un papel principal, que en palabras de las investigadoras Romano y Vollenweider, operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado [xi].

Hubo un sojuzgamiento mediático de la Alcaldía de Petro como una gestión por fuera de la ley, caótica y autoritaria. Los titulares de los medios concentrados de comunicación daban cuenta de los argumentos del exprocurador y no dejaban dudas de los argumentos del exalcalde. Así, por ejemplo, la cadena de televisión Caracol, titulaba: “Gustavo Petro fue destituido por ser un mal alcalde: Ordóñez”[xii], o la BBC en español titulaba “La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entra en su último capítulo”, como si se tratase de un reality show[xiii], y el infaltable de el periódico El Tiempo: “Las tres faltas por las que el Procurador destituyó a Petro”[xiv].

La prensa sentenció: Petro era culpable y no fueron reconocidos sus argumentos, salvo por la movilización nacional de la ciudadanía en su favor y por algunos columnistas que rechazaron el fallo. El relato oficial y el objetivo estaba conseguido, aunque pocos meses después la CIDH obligara al presidente Santos a reintegrar a Gustavo Petro a su cargo [xv]. En todo, en ese episodio de persecución quedó claro también que el papel de Ordóñez desde la procuraduría era dirigido y específico en contra de políticos contrarios a su ideología, algo que concuerda con otra características del lawfare, que pasa por la organización del aparato judicial: “donde las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste”[xvi].

Esa persecución no concluyó con la restitución de Petro a sus funciones como alcalde, se derivaron hacia otras instancias judiciales y administrativas, ante el revés del procurador, Juan Carlos Granados (cuota política de Germán Vargas Lleras) contralor de la ciudad para ese entonces y ahora acusado por recibir coimas de Odebrecht [xvii], inició sendas investigaciones que concluyeron con sanciones multimillonarias (por más de 300 millones de dólares) contra Petro en el año 2016 y 2017, que lo inhabilitaban para ser candidato presidencial. Estaba cada vez más claro el objetivo: impedir la carrera presidencial de Petro. Esas sanciones fiscales fueron suspendidas por orden del Tribunal Superior de Cundinamarca (en segunda instancia)[xviii] a finales del 2017, que le permitieron a Petro ser candidato presidencial este año, pero como el objetivo sigue siendo su proscripción, los sectores de poder continúan en los intentos para acabar la actividad política del senador a partir de un fallo de la Corte Constitucional que deja en firme la ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en su artículo 38 parágrafo 1 que señala textualmente que: “(…) Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago (…)”

Esta decisión de la Corte de inmediato apuntó los reflectores en contra de Petro y originó de vuelta el efecto de sentencia pública, aun advirtiendo que la sentencia fiscal de la contraloría se encuentra suspendida y no hay un fallo final sobre el tema. Algunos sectores pretenden revivir la trama de persecución, como para mantener la usanza del gobierno uribista donde se persiguió a políticos y periodistas independientes, para allanar el camino al continuismo neoliberal en el país, y acallar al principal opositor del país.

[i]https://www.pulzo.com/economia/petro-invita-demandar-volvo-por-buses-tm-desata-pelea-redes-sociales-PP586103

[ii]https://laorejaroja.com/la-corrupcion-de-alejandro-ordonez/

[iii]https://www.elheraldo.co/politica/presidente-santos-restituye-petro-en-la-alcaldia-de-bogota-150218

[iv]https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131214_manifestacion_bogota_gustavo_petro_analisis_vp

[v]https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-nego-oficialmente-la-personeria-juridica-colombia-humana-articulo-808861

[vi]https://www.elespectador.com/noticias/judicial/juan-carlos-granados-utilizo-indebidamente-su-influencia-en-favor-de-odebrecht-fiscalia-articulo-820831

[vii] https://www.eltiempo.com/bogota/petro-se-defiende-por-recompra-de-acciones-de-tgi-100662

[viii]https://www.semana.com/nacion/articulo/sanciones-a-petro-los-6-casos-por-los-que-su-futuro-politico-es-incierto/588241?fbclid=iwar1xzbzrpgnrka7ll0docrp1fgpvx-hkfxmg8wnk5e_fmnb2n-cooigrsjk

[ix] http://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf

[x] https://www.youtube.com/watch?v=4ZyRV2MIemQ

[xi] http://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf

[xii] https://www.caracoltv.com/enterate/gustavo-petro-fue-destituido-por-ser-un-mal-alcalde-ordonez