BIG PHARMA: Bullying y apartheid con las vacunas. Eder Peña.

Eder Peña.

Dibujo: “Desigualdad” de Ramón Díaz Yanez, Cuba.

04 de marzo 2021.

A mediados de febrero ya la pandemia global había infectado al menos a 109 millones de personas en todo el mundo y causado más de 2,4 millones de muertes luego de un año. Sus efectos han costado 28 billones de dólares en pérdidas de producción a nivel mundial, y los países desarrollados se habrían contraído económicamente en un 7% en 2020.

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Big Pharma, compañías mimadas del capitalismo (Foto: The Motley Food)

Uno de los nudos críticos que no ha permitido superar la pandemia, además de las contradicciones evidenciadas (una por una) del capitalismo global, tiene que ver con la lentitud en el desarrollo y distribución de las vacunas preventivas de covid-19.

Cuando se habla de “lentitud” pudiera pensarse que se trata solo de criticar el tiempo en que las farmacéuticas tardaron en desarrollar y probar los candidatos vacunales, pero el tema va más a fondo: Desde el brote de SARS en 2002, otro coronavirus, varios sectores científicos advertían repetidamente sobre el riesgo de una pandemia pero las grandes empresas farmacéuticas (Big Pharma) se negaron a hacer ninguna investigación sobre eso porque no había expectativas de ganancias en ese momento.

Incluso, en 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a los coronavirus entre las ocho principales amenazas virales que requerían más investigación, el resultado es conocido: El año pasado no estábamos preparados para la llegada del SARS-CoV-2.

Este y otros retrasos evitables en la vacunación preventiva (como medida más eficaz) están imponiendo cargas a la economía mundial y al bienestar humano en un contexto en el que los trastornos económicos exigen más medidas de ayuda y recuperación mientras las potencias juegan a autopreservarse.

BIG PHARMA, MIMADAS DEL CAPITALISMO

El capital de la industria farmacéutica está concentrado en diez compañías, esto es mayor en la producción de vacunas debido a que casi todo el conocimiento está en manos de GSK, Johnson & Johnson, Pfizer y Sanofi.

Casi toda la Investigación y Desarrollo (I+D) se hace en laboratorios gubernamentales y universitarios pagados por los contribuyentes, además el sector también cuenta con créditos fiscales y otras concesiones financieras para cubrir posibles riesgos. En lo que se desarrollan las drogas estas empresas las pueden patentar y, tanto a los consumidores como a los gobiernos se les cobra entonces precios altos.

Sus márgenes de beneficio son apreciablemente más altos entre todas las industrias, se habla de un rendimiento de 17,3 por ciento en comparación con un promedio de 11,5 por ciento en el resto. Suelen “olvidarse” de pagar impuestos sobre sus altísimas ganancias al punto que sólo las cuatro primeras big pharma evaden 3 mil 800 millones de dólares en impuestos al año, según la ONG Oxfam.

Sería posible defenderlas si esas superganancias se utilizaran para la innovación e inversiones pero gastan más en el pago de dividendos y la recompra de sus propias acciones que en I+D. Además, casi una quinta parte de todos los beneficios van a marketing y publicidad.

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La mayoría de las Big Pharma invierten más en ventas y mercadeo que en investigación y desarrollo porque de esto último se encargan los gobiernos (Foto: Statista)

Por último, de toda la investigación y desarrollo en Europa, sólo una décima parte es verdaderamente innovador. El otro 90% son los llamados “medicamentos de imitación” (en inglés “me-too drugs”) o drogas que hacen pequeños cambios en una droga ya existente.

A finales del 2020 Pfizer había vendido más del 80% de las dosis de vacunas que podría producir a finales del 2021 a gobiernos que representan el 14% de la población mundial. Es decir, si esa hubiera sido la primera vacuna segura y eficaz que llegaba al mercado, la gran mayoría de la población mundial no habría tenido casi ningún acceso a ella.

PFIZER Y SU BULLYING DE ALTO NIVEL

La big pharma Pfizer ha entrado, de nuevo, a la polémica mediática debido a que The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) publicó un reportaje en el que se le acusa de bullying (intimidación) a, por lo menos, tres gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna Covid y ha pedido a algunos países, como Argentina y Brasil, que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra el costo de cualquier caso legal futuro.

En ninguno de los dos casos se llegó a algún acuerdo nacional, aun cuando dichos retrasos en la recepción de las vacunas por parte de los países significa más contagios y, por consecuencia, más muertes.

En el caso de otro país, cuyo nombre mantienen oculto los autores del reportaje, las exigencias de la big pharma provocaron un retraso de tres meses en el acuerdo sobre vacunas. Pfizer ha mantenido conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, en América Latina y el Caribe ha llegado a acuerdos, cuyos términos son desconocidos, con Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Los negociadores de Pfizer exigieron que los países receptores pagaran los posibles costos de las demandas civiles que se presentaran como resultado de los propios actos de negligencia, fraude o malicia de la empresa si las vacunas provocaban lesiones, discapacidades o la muerte después de ser inoculados. Ello fue calificado como “intimidación de alto nivel” por un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país no identificado.

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El gasto en lobbies (presión) en Estados Unidos alcanzó casi 3 mil 500 millones de dólares en 2019, el más alto en 9 años, las Big Pharma (health) fueron las que más gastaron (Foto: Statista)

Por su parte Pfizer dijo a TBIJ que “A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medios bajos a un precio sin fines de lucro, incluyendo un acuerdo de compra anticipada con Covax para proporcionar hasta 40 millones de dosis en 2021. Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a proporcionar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo”, negándose a comentar sobre las negociaciones privadas en curso.

Como los fabricantes han desarrollado las vacunas con rapidez y porque protegen a todos los miembros de la sociedad, los gobiernos suelen aceptar cubrir el costo de las indemnizaciones y, de esa manera, si un ciudadano que sufre un efecto adverso tras ser vacunado puede presentar una reclamación contra el fabricante y, si tiene éxito, el gobierno pagaría la indemnización.

Esto supone una carga adicional para algunos países, ya que significa tener que contratar a abogados especializados y, en ocasiones, aprobar una nueva y compleja legislación, para poder eximir a los fabricantes de sus responsabilidades.

En el caso de Argentina, un funcionario relató a TBIJ que el Congreso aprobó una nueva ley en octubre que lo permitía, pero eso no fue suficiente para Pfizer, no estaba contenta con la redacción de la legislación porque el gobierno creía que debían hacerse responsables de cualquier acto de negligencia o malicia.

El gobierno ofreció enmendar la ley existente para dejar claro que “negligencia” significaba problemas en la distribución y entrega de las vacunas (interrupción involuntaria de la cadena de frío de la vacuna, por ejemplo), pero Pfizer siguió sin estar satisfecha. Pidió al gobierno que modificara la legislación mediante un nuevo decreto y el presidente Alberto Fernández se negó.

A finales de diciembre, Pfizer pidió que el gobierno pusiera activos soberanos como reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares como garantía. Una de las razones por las que el gobierno quería las vacunas de Pfizer era porque la empresa decía que podían entregarse rápidamente. Sin embargo, en el contrato, Pfizer quería reservarse el derecho a modificar el calendario. No había espacio para la negociación.

APARTHEID Y LEY DEL EMBUDO GLOBAL

En un mundo en el que las élites privilegian la desaparición o minimización de los Estados, el negocio farmacéutico consiste en el financiamiento de los gobiernos para investigar y desarrollar las vacunas y en hacer recaer los posibles costos de los efectos adversos sobre… los gobiernos, esto incluye a países de ingresos bajos y medios.

Fue así como BioNTech, socio de Pfizer, recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el gobierno estadounidense acordó en julio pasado un acuerdo para preencargar 100 millones de dosis por casi 2 mil millones de dólares, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. Pfizer espera vender vacunas por valor de 15 mil millones de dólares en 2021, 7,5 veces más.

Pero el desarrollo de la vacuna es una cosa, su producción y distribución es otra. Marc Vandepitte afirma que los fabricantes de vacunas tienen poco interés en aumentar rápida y masivamente su propia capacidad de producción. Aumentar la capacidad productiva en seis meses dejaría la nueva infraestructura vacía de manera instantánea porque el negocio rentable consiste en lo actual: Que las fábricas existentes produzcan durante años a su capacidad actual.

A finales de 2021, la capacidad global total de los 13 principales fabricantes de vacunas contra la covid-19 seguiría siendo muy inferior a las necesidades de los casi 7 mil 700 millones de personas del mundo. Incluso si todos producen al máximo de su capacidad, una quinta parte de la población mundial no tendría acceso hasta 2022.

Existe una especie de apartheid a más de 85 países pobres que no tendrán acceso público a las vacunas antes de 2023 debido a protecciones de las patentes, limitaciones en la producción de vacunas y la acumulación de los países ricos. Hasta el pasado 5 de febrero no se había administrado ni una sola dosis en 130 países con 2.500 millones de personas.

De los más de 131 millones de dosis disponibles hasta el 8 de febrero, Estados Unidos, China, la Unión Europea y el Reino Unido tenían el 78% mientras que África tenía el 0,2%. La Unión Africana (UA) sólo ha pedido 670 millones de dosis, menos de la mitad de lo que necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño. Además de Brasil, otros países latinoamericanos sólo disponen de 150 millones de dosis para menos de una cuarta parte de su población.

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Dosis de vacunas anticovid administradas por cada 100 personas en varios países desde enero pasado (Foto: Our world in data)

Las necesidades mundiales superan ampliamente la oferta disponible y a la pugna se han sumado los países de ingresos medios haciendo tratos directos y poco transparentes con los proveedores de vacunas, normalmente en peores condiciones que si hubieran negociado colectivamente. Divididos y, naturalmente, vencidos no es de extrañar que los precios de las vacunas varíen considerablemente, en más de 12 veces, de 6 a 74 dólares por dosis.

Este llamado “imperialismo de las vacunas” contrasta con el “nacionalismo de las vacunas” que las grandes potencias aplican para sí, este capítulo la ley del embudo global versa sobre cómo, tras su disputa con AstraZeneca, la Comisión Europea (CE) prohibió las exportaciones de vacunas a la mayoría de los países fuera de la UE.

Aun cuando la vacuna de AstraZeneca fue “probada” en la población sudafricana, este país está pagando 2,4 veces más que la UE: 5,25 dólares frente a 2,16 dólares. Lejos quedó la promesa de “reparto de beneficios” y de “acceso prioritario tras el ensayo”, mucho más lejos para Uganda que está pagando un 20% más que Sudáfrica.

¿VACUNAS PARA TODOS?

El Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas Covid-19 (COVAX) está dirigido por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias y la Alianza para las Vacunas (Gavi) y pretende acelerar el desarrollo de la vacuna, asegurar las dosis para todos los países y distribuirla de manera justa, empezando por los grupos de mayor riesgo.

Aunque se creó, en parte, para evitar el acaparamiento por parte de los gobiernos de los países ricos, y hasta ahora se han adherido más de 180 países, que representan casi dos tercios de la población mundial, los resultados saltan a la vista.

Entre los 180 países están 94 países de renta alta que han asumido compromisos jurídicamente vinculantes. Todos tendrán acceso a las vacunas de la lista COVAX, y pagarán sus dosis individualmente. Los 92 países de menor renta que forman parte del dispositivo recibirán sus dosis de forma gratuita.

El plan COVAX consta de dos fases:

Fase 1: Todos los países participantes recibirían dosis proporcionales a sus poblaciones. Se comenzaría con vacunas suficientes para inmunizar al 3% de su población de mayor riesgo, especialmente a los trabajadores de primera línea de la atención sanitaria y social. Luego se suministrarían dosis adicionales, hasta que la inmunización cubra al 20% de la población de cada país, empezando por las personas que corren más peligro de contraer la covid-19, como los ancianos y las personas con comorbilidades.

Fase 2: Las vacunas se suministrarían a países concretos en función de la rapidez con la que se propague el virus, de si otros patógenos (como el sarampión) también se están propagando y de la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria del país. Dadas las limitaciones existentes, la vacuna de BioNTech-Pfizer, por ejemplo, debe administrarse en dos dosis con un intervalo de tres semanas, y sólo se producirán 1.350 millones de dosis, como máximo, para finales de este año.

Sin embargo, aunque Estados Unidos no se unió debido al enfoque de “América primero” del expresidente estadounidense Donald Trump., su sucesor, Joe Biden prometió que ese país aportará 4 mil millones de dólares al COVAX. Así lo dijo en la Edición Especial de la Conferencia sobre Seguridad celebrada desde Munich, Alemania, con la participación de la canciller de ese país, Angela Merkel; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el Secretario General de la ONU, António Guterres.

La OMS, a través del COVAX, decidió reservar entre 1 y 2,5 millones de vacunas AstraZeneca para Venezuela, así lo informó el jefe de la misión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, Paolo Balladelli, quien agregó que era necesario que el país pagara antes del 9 de febrero para que llegaran a finales de ese mes.

Se desconoce si el país ha podido pagarlas dado que los mecanismos están bloqueados por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la misma UE. Sin embargo, el mismo funcionario ha informado vía Twitter la instalación de la Mesa Nacional para el Acceso a la Estrategia COVAX conformada por actores políticos, técnicos y académicos de Venezuela.

¿PROPIEDAD INTELECTUAL O MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD?

Los países ricos siguen oponiéndose a la propuesta sudafricana-india de suspender temporalmente las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994 para bloquear de hecho el rápido aumento de la producción de vacunas genéricas.

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Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Unión Europea, Japón, Brasil y Australia se oponen a que se desarrollen vacunas genéricas anticovid que permitan mayor accesibilidad y velocidad de distribución que eviten más contagios, infecciones, muertes (Foto: Times of India)

Esta negativa, que se debe a la maximización de los beneficios de los proveedores de vacunas, limita el suministro y el acceso para los países pobres; mientras los ricos podrán vacunar varias veces a sus residentes debido a sus compras excesivas.

Las vacunas producidas genéricamente (sin marcas asociadas) a mayor escala serían mucho más asequibles y se detendrían más rápidamente contagios, infecciones, muertes y trastornos hasta que se logre la inmunidad de rebaño en ámbitos nacionales, regionales y en el mundo, en función de la necesidad más urgente.

Las big pharma mantienen en secreto los resultados de sus investigaciones, lo que centraliza y restringe la producción de vacunas sigue en sus manos. Si compartieran su vacuna con otros productores, sería posible una distribución más rápida.

La aplicación transnacional de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es relativamente reciente, en 1994 las grandes farmacéuticas presionaron a sus gobiernos para que se incluyeran los ADPIC en los documentos fundacionales de la OMC.

Hoy en día, mientras se disputan acuerdos poco transparentes, los políticos europeos amenazan con “acaparar patentes”. El presidente de la UE, Charles Michel, ha advertido de la adopción de “medidas urgentes” para exigir la concesión de licencias obligatorias, prevista en el Tratado Europeo.

Con una medida así las big pharma facilitarían la producción de vacunas genéricas, algo que la propuesta de exención temporal de los ADPIC, respaldada por los países en desarrollo, busca para todos los países. Sin embargo, la UE y otros países ricos se oponen a acelerar el suministro de esa manera.

El pasado mes de mayo, un equipo de destacados investigadores finlandeses tenía lista una vacuna contra la covid-19 libre de patentes a la que han bautizado como “el Linux de las vacunas”, con ella se pudo haber permitido a los países de todo el mundo inocular a sus poblaciones sin tener que pagar mucho dinero, pero Finlandia optó por apoyarse en las big pharma poniendo sus ganancias por encima de la salud pública.

Para acelerar el desarrollo de vacunas, los gastos y riesgos han sido asumidos principalmente por los gobiernos, en lugar de por los desarrolladores o la financiación privada. Los seis principales desarrolladores de vacunas candidatas ya han recibido más de 12 mil millones de dólares de dinero público, a veces con poco que mostrar.

La transnacional estadounidense Moderna recibió 955 millones de dólares para I+D, además de un compromiso de compra previa a la comercialización de 1 mil 530 millones de dólares. En Europa, Pfizer/BioNTech obtuvo 375 millones de euros del gobierno alemán y otros 100 millones para la refinanciación de la deuda del Banco Europeo de Inversiones.

Aun cuando reciben una masiva financiación pública, las big pharmas de vacunas retienen el derecho de monopolio de la propiedad intelectual para obtener ingresos que, solo por la venta de vacunas en 2021, ascienden a casi 40 mil millones de dólares mientras las expectativas de que la pandemia deje de matar gente permanecería por unos cuantos años, al parecer.

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Izquierda: División de investigación. Centro: División de ganancias. Derecha: Eliminación de los genéricos asequibles (Foto: Archivo)

Los contribuyentes estamos pagando hasta tres veces por cada vacuna: primero por su desarrollo en instituciones académicas mantenidas con impuestos administrados por los gobiernos, luego por el producto terminado y, si hubiera que asumir la responsabilidad de los posibles efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus, los gobiernos están obligados a pagar indemnizaciones.

El cuento de nunca acabar entre las grandes corporaciones y los Estados: los beneficios son privados, los riesgos se socializan.

Fuente: Misión Verdad

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